Iniciando el 2023 nos encontramos con don Emiliano, un adulto mayor que es líder comunal y colono de algunas veredas de Vista Hermosa, Meta, quien además es víctima de la Operación Artemisa. A él lo conocimos en el 2020 cuando nos encontrábamos investigando sobre dicha operación y las problemáticas sociales que habían resultado de las fallas en la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS. Paramos en su casa en la vereda Alto del Avión para preguntarle por su vecino, un vaquero que había sido enviado a la cárcel a pagar los supuestos crímenes ambientales que había cometido, pero que en realidad a quien debieron hacer comparecer ante la justicia para encontrar su culpabilidad o no, era al finquero; su único crímen según aseguran los vecinos, fue ponerse “de bocón” cuando intentaba seducir a una mujer asegurando que él era dueño de las reses de ganado y de esa finca; son algunas pruebas que tendría la Fiscalía para asegurar su culpabilidad.

En esa ocasión intercambiamos número de celular con don Emiliano, para estar informados por si nuevamente llegaba un operativo a esta vereda y porque además él era el presidente de la Junta de Acción Comunal.  El 07 de julio del 2022 fue capturado e imputado con tres delitos de índole ambiental, como daño en los recursos naturales y ecocidio, invasión de área de especial importancia ecológica y aprovechamiento ilícito de los recursos naturales. Ese día su hijo nos llamó desesperado, para decirnos que se habían llevado a su papá, que en los medios hablaban que habían capturado a unos tales santandereanos, y que eran tremendos deforestadores. Lo curioso es que quizá los pecados que don Emiliano cargaba a cuestas fueron haber ayudado a construir las vías, la escuela y querer vivir dignamente.

La presión social que representó su caso, pero además el modus operandi que tenían con gran parte de las personas que capturaban, hicieron que don Emiliano fuera enviado a su casa pero con casa por cárcel, le limitaron el número de personas con las que podría reunirse, le prohibieron salir de su casa sin pedir permiso, así tuviera una calamidad familiar, sin importar que algunas personas que viven en su casa y dependen económicamente de él, tienen condiciones médicas especiales.

Estaba más envejecido, más triste, nos contó que había vendido su carro por tres millones porque tenía una necesidad económica -”lo regalé prácticamente”-. Su vida no volvió a ser la misma porque tenía unas limitaciones claras que le impedían trabajar y movilizarse como antes. Su desespero también radica en que las audiencias se alargan y no terminan en nada, ni le comprueban la culpabilidad de ser un supuesto gran deforestador, pero tampoco lo dejan absuelto. Recuerda que el fiscal encargado de su caso le dijo que necesitaba corroborar que él en realidad tuviera la cantidad de tierra que afirmaba, porque para la Fiscalía él tiene miles de hectáreas, ya que según informaron en su momento, las cinco personas que capturaron en dicho operativo -en el que se encontraba Emiliano-, habían deforestado más de 6000 hectáreas.

Don Emiliano se negó a ir con la Fiscalía en helicóptero, para ver su finca,  sabía que si lo veían llegar con la fuerza pública a la vereda, podía ser una muerte asegurada, los grupos armados que operan en el territorio podrían tacharlo de sapo. Les dijo que fueran a pie, que vieran con sus propios ojos que él simplemente era un campesino, un líder social que había llegado hace más de 40 años buscando un futuro para él y su familia, pero se negaron, tenían miedo de transitar esas zonas, de corroborar e investigar los hechos como realmente acontecían, pero no tenían miedo de ponerle una cruz sobre la espalda a este adulto mayor.

La Operación Artemisa fue suspendida por el Gobierno actual, no obstante, ¿las personas que fueron procesadas tendrán la oportunidad de que sus casos sean revisados? Don Emiliano espera que para él haya justicia.

El nacimiento de una operación fracasada

En 2019, el municipio de La Macarena fue testigo del inicio de un plan del Gobierno Nacional para: “Frenar la hemorragia deforestadora”, como la llamó el entonces presidente Iván Duque; quien buscaba recuperar las selvas y bosques y judicializar a quienes están detrás de “esa cultura deforestadora”. Todo acompañado de pedagogía para crear conciencia colectiva.

Se trató de la Operación Artemisa, una estrategia militar lanzada con el fin de combatir la deforestación en las zonas de especial interés ambiental. Entre el 2019 y el 2022, se realizaron más de 21 operaciones militares -que constaba de múltiples operativos-, la mayoría de estas en Parques Nacionales Naturales y Zonas de Reserva Forestal de la Amazonía colombiana, específicamente en los departamentos de Guaviare, Meta, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

El Ministerio de Ambiente reportó 21.480 hectáreas de bosque recuperadas en enero del 2022, pero esta estrategia ha sido fuertemente controvertida por las constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos durante los operativos militares y sobre su efectividad. La misma cartera reportó que para el primer trimestre de 2022, hubo un 10% más de deforestación que en el 2021. Como si fuera poco, la tendencia empeoró porque mientras que entre enero y marzo de 2021 se deforestaron 45.500 hectáreas, en el primer trimestre del 2022 fueron cerca de 50.400 hectáreas.

Dinamitar casas, puentes y vías, judicializar campesinos y campesinas por vivir en zonas de parques y que incluso se hayan presentado asesinatos en el marco de la Operación Artemisa, demuestra que este plan no solo no fue funcional, sino sumamente costoso.

Los medios de comunicación Mongabay Latam y Cuestión Pública pudieron acceder a un informe elaborado por el Ministerio de Defensa que difiere en gran medida con las cifras presentadas por el Ministerio de Ambiente. Duque había anunciado que se destinarían cerca de 3000 millones de pesos, pero 3250 millones de pesos fueron gastados tan solo en cinco operativos entre el 2019 y el 2020, lo que supera en más de 280 millones el monto total destinado según datos de la cartera que lidera la Fuerza Pública.

Además que, según la Fiscalía tan solo en las Regiones de la Amazonía y la Orinoquía, en los Parques Nacionales Naturales Serranía de Chiribiquete, La Paya, Tinigua, Picachos, Serranía de la Macarena, la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía y la Reserva Natural Nukak se adelantaron 20 operativos para capturar a 17 personas con orden de captura, pues las otras 96 capturas realizadas fueron en flagrancia, es decir, por vivir en áreas protegidas. Según la entidad, lograron controlar la deforestación en 23.479 hectáreas.

Es decir, toda esa cantidad de dinero invertido no sería proporcional a las zonas restauradas pero tampoco a las capturas adelantadas de los reales deforestadores de estos departamentos. El Gobierno Nacional en cabeza de Duque, informó a inicios del 2022 que gracias al Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación – Conaldef, “la Fiscalía General de la Nación adelantó en el 2021 más de 100 operativos, 68 operaciones y 228 capturas asociadas a deforestación, minería y delitos contra los recursos naturales”. Es decir, destinaron alrededor de 48 operativos tan solo para capturar 115 personas en otras áreas que sufrían por daños ambientales, pero diferentes a las priorizadas como la que alberga el pulmón del mundo.

No obstante, El Cuarto Mosquetero hizo un seguimiento a los operativos adelantados principalmente en el Meta, seguidamente de Guaviare y Caquetá, que materializó en la serie audiovisual “Tratamiento Criminal para Campesinado del Meta, Guaviare y Caquetá” apoyada por la Fundación Gabo, en la que solo una captura de las que pudo documentar, no fue adelantada a lugareños. Se trata de Reinel Gaitán, alias “el Gurre”, a quien el 17 de febrero del 2022, entre varios delitos lo capturaron por deforestar mil hectáreas en el Guaviare y hacer minería ilegal, su caso fue cubierto ante los medios como la captura al mayor deforestador del país.

Pero en abril del mismo año, a Gaitán le fue concedida la detención domiciliaria debido a complicaciones de salud -es insulino-dependiente- y porque los siete policías vinculados a su caso, por dejarse sobornar y apoyarlo en la expropiación de tierras del Parque Natural Nukak, tienen prisión domiciliaria mientras avanza la investigación, por lo que adujeron trato discriminatorio.

Ataques contra campesinado y población indígena

Pero las comodidades que recibió Gaitán mientras avanza su caso, no las tiene Reinaldo Quebrada Quilcué, quien el 04 de abril del 2022 fue capturado en San Vicente del Caguán y enviado a la cárcel después de haberle imputado delitos ambientales, porte de armas y secuestro extorsivo. Al mes de marzo del 2023 su caso se encontraba siendo analizado por la Corte Constitucional para ver si le correspondía a la justicia indígena u ordinaria, juzgarlo.

A don Reinaldo lo conocimos el 18 de septiembre del 2021, después de viajar durante horas desde Villavicencio hasta llegar a la vereda El Triunfo entre el Meta y Caquetá, pudimos comprender de primera mano la difícil situación de doce personas que componían cinco familias y habían quedado sin hogar, sus casas habían sido incineradas con todo lo que tenían adentro -incluidos hasta los pollos- en el marco de la Operación Artemisa. En ese operativo, hablaban de cinco personas capturadas, pero las mujeres fueron liberadas. Tres hombres, entre ellos un adulto mayor con discapacidad intelectual, un obrero y Reinaldo, fueron procesados por delitos ambientales, los dejaron el libertad con la sentencia de no volver nunca más a pisar un Parque Nacional Natural -en este caso Chiribiquete- y la investigación se mantendría abierta, es decir, sufrieron un desplazamiento legal.

En ese momento, algunas familias estaban buscando la forma de subsistir en San Vicente del Caguán, mientras que otras se negaban a irse y empezaron a edificar de nuevo su vivienda sobre las cenizas, pues afirmaban no tener más dónde vivir. En el caso de don Reinaldo, al ser el Gobernador indígena del resguardo La Esperanza, tenía que vivir fuera de su territorio, pero estar yendo constantemente para ejercer su rol de liderazgo.

Este resguardo se había asentado en la vereda El Triunfo en el 2015, después de sufrir su primer desplazamiento. Llegaron antes del 2018, fecha en que se realizó la ampliación del PNN Chiribiquete cuando 486,676 hectáreas pasaron a convertirlo en el área protegida más grande de Colombia. Por ello que fueran procesados por delitos ambientales, generaba conmoción por igual a población campesina e indígena, pues no solo estaban buscando rehacer su vida ante la incapacidad del Estado de garantizarles su derecho a la tierra, sino que además luego fueron señalados como invasores.

Durante algunos meses en la vereda El Triunfo solo escuchaban que en veredas de La Macarena y San José del Guaviare -principalmente de la región del Guayabero- como Gorgona, Caño Yeimy y Lejanías, en el marco de operativos militares estaban dinamitando puentes y vías, lo que conllevaba a que la comunidad saliera a “bloquear” a los soldados que adelantaban el procedimiento y pedían a la institucionalidad hacer presencia en la zona. Este tipo de actos de resistencia buscaban denunciar lo que consideraban un atropello, ya que sufrían por no contar con buenas vías, y, las pocas que tenían, fueron destruidas, lo que profundizaba aún más la desigualdad del campesinado. No obstante, los operativos continuaron.

Es así como el 05 de marzo del 2022 la comunidad nos informa que tras un nuevo operativo, cinco personas habían sido capturadas y dos casas incineradas, pero que además desconocían el paradero de otras familias de la zona. De las cinco personas capturadas, las tres mujeres fueron dejadas en libertad, mientras que Julián Ernesto Ordóñez y José Luis Mestizo fueron imputados por delitos ambientales y enviados a Florencia con medida de aseguramiento intramural. El resto de personas desaparecidas fueron apareciendo con el trascurso de las horas, habían salido corriendo selva adentro esperando que finalizaran los operativos, con miedo a ser capturados.

En gran parte de la zona rural del Meta, Guaviare y Caquetá, no funciona la señal de celular, la única forma de contactarse es vía whatsapp con pines o puntos wifi, por ende, la desinformación reinó en la vereda del Triunfo, y el campesinado y población indígena, salieron en búsqueda de la tropa del Ejército para que les dieran respuestas. No obstante, según información de la comunidad y que no fue esclarecida por las autoridades, fueron recibidos a bala, pero las personas movidas por su digna rabia, no retrocedieron, en el proceso fue asesinado el campesino Julián Andrés Suárez y otros tres lugareños resultaron con heridas de bala.

“Nos vamos a buscar el Ejército, los conseguimos en el momento, les decimos dónde están los compañeros, denos razón y qué hicieron ellos, pues nos recibieron a plomo, usted no se imagina cómo despachaban (…) nos recibieron a bala, pero a bala de verdad y algunos actuamos y cogimos a uno”, nos contó en su momento don Luis Carlos Rodríguez, presidente de la vereda El Triunfo.

Tras un muerto y varios heridos, la comunidad tampoco retrocedió, retuvieron a un joven soldado que fue trasladado a la caseta comunal de la vereda. La comunidad exigió la presencia de la institucionalidad para soltarlo, tras 72 horas, ya hacía presencia Defensoría del Pueblo, la iglesia católica y organizaciones sociales. La comunidad quería un castigo de la misma proporcionalidad, pero Reinaldo entró a mediar y decidieron que el militar sería sometido a la justicia indígena, después de explicarle la decisión, recibió 15 latigazos en sus piernas y fue liberado.

En ese momento la comunidad desconocía que había sido interpuesta una denuncia por secuestro. La Procuraduría también había abierto una investigación por el caso del campesinado asesinado.

Cuando visitamos la vereda El Triunfo el 10 de marzo, tras más de ocho horas de viaje en campero desde La Macarena, pudimos ir a cada una de las casas incineradas esa semana, pero también el año anterior y ver no solo cómo las familias perdieron todo, sino también el miedo, era la zozobra la que hacía que cada hogar tuviera enterrada ropa, alimentos y dinero, para que en caso de que llegara un nuevo operativo, no quedaran sometidos a condiciones de miseria, rogando por ayudas humanitarias después de perderlo todo a manos del mismo Estado que debería protegerlos.

El 04 de abril Reinaldo es capturado cuando iba a una reunión con la institucionalidad para dialogar sobre el proceso de reubicación de su resguardo. Le imputan daño en los recursos naturales y ecocidio, invasión de área de especial importancia ecológica y aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, delito por porte de armas -la primera vez que lo capturaron le habían encontrado la escopeta con que cazaba en su casa- y finalmente lo imputaron por secuestro extorsivo. Reinaldo fue enviado a la cárcel y más de un año después, pese a todo el trabajo adelantado por su abogado junto a organizaciones indígenas como la Organización Nacional Indígena de Colombia-ONIC, sigue allí.

Recordemos que, la Sentencia 47119 de la Corte Suprema de Justicia ya había dejado un precedente con relación a lo que representan los castigos de estas comunidades a civiles. Por ende, el comprender la cosmovisión indígena debería permitir que se juzgue a Reinaldo a partir de esas creencias que solo podría hacerlo la Justicia Indígena y no la ordinaria, sumado además, que el Cabildo de La Esperanza se encontraba en esta zona de área protegida causando un impacto ambiental, a partir de la misma inoperancia del Estado para garantizar su derecho de acceder a territorios ancestrales, por ello los delitos ambientales que se le acuñan a él y no a toda la comunidad, parte de la misma desproporción que ha denunciado el campesinado sobre la Operación Artemisa.

Según Dejusticia, “la Operación Artemisa es una operación que se hace contra el campesinado, que es injusta e innecesaria, pues podría combatirse la deforestación justamente con su ayuda, armonizando la protección ambiental y los derechos campesinos”.

Pero el campesinado no solo es criminalizado por los cultivos de coca, también lo es por la ganadería. Cuestión que, denunciaron las comunidades en su momento, estaría aprovechando el Ejército para mostrar resultados. Por ejemplo, el 02 de septiembre del 2020, aterrizaron varios helicópteros Black Hawk de la Policía en la vereda La Esperanza, del municipio de Puerto Rico, Meta. Luego, los militares e integrantes de la Dijin bajaron de las aeronaves y allanaron varias fincas de la vereda. Horas después, el ministro de Defensa de ese entonces, Carlos Holmes Trujillo, informó que “Tras una labor de varios meses de inteligencia fueron capturadas ocho personas, siete de ellas en flagrancia y una por orden judicial, que deberán responder por los delitos de invasión, daño en los recursos naturales y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Durante la operación se incautó material como carabinas, siete armas de fuego, motosierras y guadañas. La sexta fase de la Campaña Artemisa permitió la recuperación para su protección de más de 248 hectáreas ubicadas en el Parque La Macarena”.

El Cuarto Mosquetero tuvo la oportunidad de conversar con dos de los capturados. Así supimos que un día antes del operativo, Yeison Ascencio Medina, un defensor de Derechos Humanos de Puerto Rico, había llegado a la finca de su abuela, Herlinda Páez de Fonseca, ubicada en esa vereda, a llevarle unos medicamentos. Estando allí, aceptó la petición de su abuela de quedarse y al día siguiente ayudarle a recoger la cosecha de maíz. Él por ejemplo, fue subido al helicóptero en calidad de acompañante de su abuela y por el camino se dio cuenta que no solo estaba yendo para garantizar el debido proceso a Herlinda, sino que además también sería imputado por delitos ambientales y posteriormente obligado a pagar casa por cárcel.

Herlinda Páez relató que vive en la finca Buenavista desde 1977. Durante la colonización dirigida por el Gobierno entre 1950 y 1960 llegó con sus hijos desde el departamento del Huila, tras la muerte de su esposo en esa región. Afirma ser una de las fundadoras de lo que hoy es la vereda La Esperanza. Mientras habitaba en la zona, se dedicó a la siembra de yuca, caña, maíz y arroz. Posteriormente, se dedicaron al cultivo de coca cuando hubo bonanza. Años después la erradicaron e incursionaron en la ganadería. A ella le imputaron porte ilegal de armas, pero varias de las escopetas eran utilizadas para cazar o hasta estaban “arrumadas” por no ser funcionales.

Un juzgado de Medellín emitió por solicitud de la Fiscalía una orden de captura el 1° de octubre de 2019 contra Herlinda, por los delitos de invasión de área de especial protección ecológica, aprovechamiento ilícito de los recursos naturales e incendio. Esta era una de las seis órdenes de captura con las que se llevó a cabo el operativo del 02 de septiembre.

Según El Espectador, durante esa mañana, las autoridades allanaron las fincas en las que estarían las personas que serían capturadas. Estas no fueron encontradas, pero se llevaron a otros campesinos de la zona en un hecho que las y los pobladores definieron como “una pesca milagrosa”. La fiscal 17 especializada contra violaciones de Derechos Humanos, Marta Lucía Yepes, en la audiencia de legalización de las capturas, explicó que lo que ocurrió fue que durante la operación hallaron a otros campesinos en zonas aledañas a las fincas allanadas y consideraron haberlos encontrado en flagrancia, cometiendo el delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica. Por eso, los capturados fueron Nelson Vargas Olaya, Arquímedes Pérez León, Eliseo Álvarez Reyes, Humberto Villalobos Díaz, Yeison Mauricio Camayo, José Freddy Ocampo, Herlinda Páez de Fonseca y Yeison Ascencio, su nieto, ellos serían unos de los primeros capturados entre los más de 100 lugareños que correrían la misma suerte.

Lo que exige el campesinado al nuevo gobierno

Ahora el reto del nuevo gobierno es recuperar la confianza de las comunidades afectadas por la Operación Artemisa. “Vamos a aprovechar la vocación del suelo en los territorios, para que las comunidades trabajen con el Estado y no deforesten. Nos interesa entablar con ellas un diálogo sobre educación ambiental, pero llegar a los grandes deforestadores. Otro empeño es fortalecer capacidades para llegar a las zonas afectadas”, declaró la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, durante el primer Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación llevado a cabo en septiembre del 2022.

El 14 de diciembre el campesinado representado por  la Coordinadora del Sur Oriente Colombiano de los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales – COSCOPASS pactó una serie de acuerdos con los ministerios de Ambiente y del Interior, viceministros y el Comisionado de Paz, para seguir avanzando en garantías para la vida digna de quienes habitan los territorios del Meta, Guaviare y Caquetá.

• Conversaciones con el ICA para derogar resolución del ICA con relación a decomiso de ganado.

El campesinado solicitó que el Ministerio de Agricultura concertara con el ICA un espacio para analizar la Resolución 7067 del 02 de mayo del 2022, que, junto a la Resolución 14444 del 05 de agosto del 2022, resuelve la cancelación del “Registro Sanitario de Predio Pecuario- RSPP de los predios que desarrollen su actividad ganadera de Bovinos y/o Bufalinos dentro del Sistema de Parques Naturales Nacionales”, con el objetivo de evitar el ingreso y salida -comercialización- de los animales en estas áreas de manejo especial. Además, señala que, al no poder acceder a la vacunación correspondiente serían objeto de sacrificio.

Según Pablo Parrado, vocero de COCOPASS, una de las razones por las que los campesinos y campesinas están temerosas de la presencia del Ejército Nacional es que los asocian a los operativos que estarían previstos para adelantarse en zonas de Parques Nacionales Naturales de decomiso de ganado. “Pedimos una nueva prórroga para poder concertar con el gobierno, ya que debe ser derogada (la resolución) porque afecta los derechos humanos de las comunidades, el bienestar y sobre todo la economía de estos territorios”, afirmó.

El 17 de enero del presente año, el campesinado de Vista Hermosa, especialmente de zonas aledañas a la vereda Lomalinda había bloqueado a 30 militares en lo que ellos denominan “cercos humanitarios”, que se caracterizan por ser pacíficos, por informar a los militares que no permitirán que se vayan de la zona hasta que llegue la institucionalidad -estos podrían hacer uso de la fuerza para levantarlo pero hasta ahora han aceptado mantener ese carácter no violento-  y por acampar alrededor de los militares y garantizar su bienestar mientras logran el acuerdo esperado.

En este caso, la presencia de los militares en la zona, lo relacionaron con los operativos que se adelantarían en cualquier momento para el sacrificio del ganado, por el problema alrededor del ICA, que para esa fecha -pero también en la actualidad- no ha tenido ningún acuerdo entre las partes involucradas. En su momento los medios de comunicación hablaron de secuestro de militares por parte de “indígenas” y se generó un fuerte proceso de estigmatización para quienes se encontraban allí. Finalmente los militares continuaron con su patrullaje y el campesinado reactivó la mesa de diálogo con el gobierno.

• Analizar de manera diferencial los casos y procesos judiciales a campesinos

El campesinado solicita que las capturas desarrolladas durante la Operación Artemisa, se analicen de manera diferenciada. “Yo fui capturado en la Operación Artemisa el 11 de marzo del 2022 en la vereda Lomalinda (…) a mí me cogieron y me sacaron y le metieron bombardeo a la casa con lo que había, no les importó que había una señora con dos niñas viendo y me echaron en el helicóptero”, nos contó José Luciano Lesmes, un campesino que se considera víctima de este operativo. Él vive con miedo que lo envíen a prisión y de continuar en el desgastante proceso de asistir a audiencias, por el hecho de habitar en áreas protegidas como única forma de acceder a una vivienda y a vivir de la tierra.

A partir de lo sucedido viajamos desde Villavicencio hasta Vista Hermosa a las veredas Lomalinda y Laureles, allí hacía presencia la organización de derechos humanos DHOC, sistematizando las violaciones de derechos humanos que se habían presentado. Cinco viviendas fueron dinamitadas, sus integrantes -que eran más de 12 entre mayores y menores de edad- perdieron todo, todavía estaban en la zona porque no tenían para dónde más irse y se estaban reorganizando con la ayuda de la comunidad.

Las tres personas capturadas fueron dejadas en libertad con la orden de no regresar al área protegida, entre los José Luciano, pero también Samuel Fonseca, quien al tener una hija de meses y otros tres hijos pequeños no tenía solvencia económica para atravesar la crisis, acudió a la Alcaldía de Vista Hermosa donde le dijeron, según nos contó, que al ser un procedimiento del mismo gobierno, no podían ayudarle ni con elementos de primera necesidad.

Su esposa nos contó que, ella en el momento del operativo se encontraba en el casco urbano, cuando llegó su esposo ya había sido capturado, todas sus pertenencias dinamitadas -la casa la habían construido con el apoyo de sus padres-. la moto que habían comprado con tanto esfuerzo también fue incinerada y hasta los juguetes destrozados de su hija los encontrábamos mientras íbamos recorriendo el predio. Ella es víctima del conflicto armado, sus padres y dos hermanos se los desaparecieron, intentó en vano ser registrada como víctima para ser reparada, así que tenía claro que por sus propios medios tenía que salir adelante. “Nostros hemos andado y sufrido demasiado, y soñábamos con nuestra casa propia y al fin la tuvimos y mire el resultado que quedó. Nosotros no somos delincuentes, simplemente somos pobres campesinos”, afirmó.

Esta vereda ubicada en el Parque Tinigua sí tuvo un aumento de población y por ende de deforestación, no obstante gran parte de las personas con las que hablamos nos manifestaron que, eran víctimas del conflicto armado, firmantes de paz, personas que no aguantaron la pandemia en la ciudad y se fueron a buscar el campo y beneficiarios del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS que ante el incumplimiento del proceso de sustitución y tras haber firmado acuerdos colectivos e individuales para no volver a sembrar coca en su predio, se fueron a otros territorios buscando cómo sobrevivir.

Teniendo en cuenta que la mayoría de las personas capturadas en estos operativos aducen que fueron las condiciones de pobreza y olvido estatal las que las han llevado a vivir en estas zonas, el gobierno les hizo saber a principio del 2023 que desde el Ministerio de Justicia se están formulando proyectos de reforma a la justicia que incluyen criterios dirigidos a comprender factores diferenciales en las situaciones especiales que históricamente ha vivido el campesinado para revisar los procesos judiciales abiertos en el marco de la Operación Artemisa, pero también de otro tipo.

Apoyo para realizar la asamblea campesina del Meta, Guaviare y Caquetá

Los departamentos del Meta, Guaviare y Caquetá, no solo comparten límites demográficos sino problemas socioambientales, por eso, el campesinado de esas regiones solicita apoyo para llevar a cabo una asamblea campesina para esos territorios. “Lo que queremos es juntarnos, poder unificar todos esos criterios, sentarnos con el Gobierno Nacional, mirar todos esos acuerdos que ya están firmados, que ya están plasmados desde gobiernos anteriores y poder llegar así a un mejor panorama en los tres departamentos”, explicó Parrado.

En la asamblea campesina también buscan hablar sobre las apuestas de buen vivir respecto a sustitución, cultivos productivos, vivienda y otros derechos básicos a partir de las problemáticas similares que históricamente han vivido. Dicho evento esperan adelantarlo lo más pronto posible, aunque la petición se dio desde enero de este año.

La sufrida presencia del campesinado en zonas de parques

Con la puesta en marcha de la Constitución Política de 1991, se propició un escenario en el que se reconocieron los derechos de propiedad colectiva sobre los territorios de las comunidades étnicas del país. Los pueblos ancestrales lograron acceder y conformar figuras de ordenamiento territorial como los resguardos indígenas y las titulaciones colectivas afro.

El campesinado representa una gran parte de la población del país pero fue invisibilizado dentro del marco constitucional. Según la Encuesta de Calidad de Vida del Departamento Nacional de Estadística – DANE, en Colombia el 28,4% de las personas mayores de 15 años se reconocen y viven como campesinos, lo que corresponde aproximadamente a 10,76 millones de personas. De la población campesina, el 51,7% son hombres y un 48,3% mujeres. Un 79,6% se ubica en centros poblados y áreas rurales dispersas y el 13,5% restante en cabeceras municipales.

Aun así esta población no fue tenida en cuenta para obtener los derechos especiales que las comunidades étnicas sí lograron. “En este nuevo contexto, los tres sujetos rurales- indígenas, afro y campesinos- quedaron en una situación de competición interétnica y en desigualdad de condiciones en los territorios”, dice el informe de la Defensoría del Pueblo, “Situación de DDHH de comunidades campesinas en áreas de especial interés ambiental”, publicado este año. El documento añade que, mientras que las poblaciones indígenas y afrocolombianas -históricamente estigmatizadas-, cuentan con derechos diferenciales dentro de la Ley 21 de 1991 y Ley 70 de 1993, las y los campesinos pasaron a convertirse en portadores de una ciudadanía rural de tercera clase en comparación con las poblaciones étnicas.

El marco legal en Colombia no brinda garantías de bienestar al campesinado, especialmente para el que depende de los cultivos de coca y habita en zonas de parques, que frecuentemente es estigmatizado y vulnerado. En el Código de Recursos Naturales Renovables no se tiene en cuenta a la población campesina, ni siquiera por vía de excepción como sucede con los pueblos indígenas y comunidades negras.

“Por ello, ni en las actividades permitidas en estos textos, a saber: conservación, investigación, educación, recreación, cultura, recuperación y control […], ni en la zonificación, tal como está actualmente […]; ni en las reglas de uso de las áreas (Decreto 622 arts. 23 a 26), se ven espacios adecuados para el asentamiento de estas poblaciones, mucho menos para el desarrollo de actividades productivas”, señala el ya citado informe de la Defensoría del Pueblo.

Para definir la situación jurídica de las y los campesinos, es necesario determinar si su asentamiento se dio con anterioridad o posterioridad a la declaratoria del Parque Nacional, pues así es posible determinar si es procedente adelantar trámites de reconocimiento del valor de mejoras y predios de propiedad privada. La Ley 2 de 1959 contempló la posibilidad de adelantar actividades de adquisición o expropiación de tierras o mejoras establecidas en las áreas protegidas. En consonancia con lo anterior, la Ley 99 de 1993, contempla que el Estado podrá adelantar dichos procedimientos a través de la Unidad de Parques Nacionales.

Según el Decreto 622 de 1977, el Estado sólo reconocerá el valor de las mejoras y bienes de propiedad privada que se hayan adquirido con anterioridad a la fecha de expedición de esta normativa, o con antelación a la fecha de inclusión del área dentro del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Pero esta medida no detiene los movimientos de colonización y ocupación campesina que han caracterizado estas zonas, ya que no resuelve las problemáticas estructurales como la presencia del conflicto armado interno, la concentración indebida de la propiedad, la ausencia de acceso a bienes y servicios públicos, la definición de la situación de tenencia de la tierra del campesinado y el histórico abandono estatal.

Cabe recalcar que, gran parte del campesinado establecido en zonas de parques llegó allí tras un proceso de colonización. Según la investigación Vivencias campesinas y conflictos ambientales en el Parque Nacional Natural Tinigua de Lina Johana Rodríguez Enciso, tras las guerras de independencia, hubo una reducción de la población en zonas aisladas del país que llevó a que el Estado promocionara programas de titulación de bienes baldíos en el siglo XX para estimular el crecimiento demográfico de la zona. Este proceso de colonización se potenció con el desarrollo de las economías de quinua y caucho promovidas en zonas como el piedemonte llanero, que posteriormente se vieron desplazadas por la ganadería e incentivaron la presencia de colonos en las regiones selváticas del país. Posteriormente, entre 1949 y 1965 se produjo otro desplazamiento, debido a la ola de violencia que azota al país, obligando a las y los campesinos a buscar otros lugares donde resguardarse.

Con el pasar de los años, se empezó a poner atención a la conservación de zonas de especial cuidado ambiental imponiendo normativas que no tuvieron en cuenta a la población campesina establecida allí desde hace décadas, provocando, como ya se explicó antes, su persecución y estigmatización.

Pese a estar invisibilizado en el nivel nacional, el campesinado cuenta con un respaldo internacional con la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales, hecha el 17 de diciembre de 2018,  por la Asamblea General de la ONU, donde se dispone que los Estados deberán respetar, proteger y hacer efectivos los derechos de las y los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, adoptando sin demora las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo que resulten apropiadas para alcanzar progresivamente la plena efectividad de sus derechos.

Frente a todo lo anterior, se puede concluir que existe una deuda histórica con el campesinado que habita en el Meta, Guaviare y Caquetá, que sigue conociendo al Estado a través de la represión, estigmatización y judicialización y que hoy, frente a los espacios de diálogo abiertos por el actual gobierno, guardan la esperanza de empezar a vivir con garantías de derechos humanos y que el campesinado que se considera víctima de la Operación Artemisa, pueda ser reparado.