En octubre del 2022, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la suspensión de la erradicación forzosa de las plantas de coca de las y los campesinos, impuesta durante el gobierno de su predecesor, Iván Duque. Pero aseguró que la erradicación industrial también será una apuesta durante su mandato.

La erradicación forzada en Colombia es una práctica empleada desde hace casi cuatro décadas con el objetivo de combatir la primera fase de producción de las drogas y reducir la oferta de narcóticos, especialmente con la fumigación y destrucción de las zonas sembradas.

Esta práctica empezó a adelantarse a partir de la creación de Ley 30 de 1986, que expuso la necesidad de destruir las plantas de las que se puedan extraer sustancias que generen dependencias, es decir, marihuana, amapola y coca. Seguidamente, en 1998 la política de guerra contra el narcotráfico se estableció con base en tres componentes: la erradicación forzosa, la interdicción sistemática a la cadena productiva y los programas de desarrollo alternativo. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez, implementó durante su primer periodo, una estrategia similar en el marco de la política de Seguridad Democrática para recuperar las zonas de conflicto. La estrategia se concentró en el supuesto estímulo de proyectos productivos y de generación de ingresos, desarrollo de infraestructura física y social en las áreas más vulnerables, fortalecimiento institucional y comunitario, y vinculación de los programas de desarrollo y paz. Iniciativas que se articularon a la estrategia integral de combate a las drogas ilícitas, donde se le ha otorgado mayor énfasis a la erradicación forzosa y a la interdicción de la cadena productiva del narcotráfico.

En 2003, el DNP reveló que 76.989 hectáreas de hoja de coca se redujeron en el período 2000-2003, pero como se ha evidenciado actualmente, la política de Seguridad Democrática en el largo plazo, no garantizó la efectividad de la erradicación para revertir definitivamente la tendencia expansiva de los cultivos ilícitos en el país, de hecho, históricamente esta ha producido una caída transitoria del área cultivada, una posterior resiembra o un desplazamiento geográfico de los cultivos, asegurando que la demanda externa se mantenga provisionada.

En el caso del Guayabero, el campesinado ha conocido la presencia del gobierno a partir de dichos operativos de erradicación forzada, porque los proyectos productivos de los que han hablado cada uno de los gobiernos anunciando tener la solución para acabar con el “narcotráfico”, no han llegado hasta estos territorios. “A nosotros vienen y lo que hacen es aterrorizarnos y vivimos con temor al Estado (…) no tenemos ayuda de ninguna clase, no tenemos medios carreteables para sacar lo que podamos cultivar, porque aquí no es que solo queramos cultivar coca, la coca la cultivamos para sostenernos porque ustedes se pueden dar de cuenta aquí no hay cultivos grandes, aquí no hay cocaleros grandes, no somos narcotraficantes, somos campesinos. Siempre que viene el Gobierno viene es a erradicar, a erradicar, pero no traen un proyecto para nosotros decir vamos a empezar este proyecto y dejamos los cultivos (…) si nosotros dejamos que nos erradiquen la coca, qué vamos a hacer, irnos a aguantar hambre a un pueblo”, explicó a El Cuarto Mosquetero Héctor Parrado, quien también expone que esa es la razón por la cual el campesinado se ha plantado en las chagras para evitar que su fuente de sustento sea destruida.

El enfoque de la Política de Drogas que han aplicado los gobiernos desde hace más de 40 años en el país, se ha basado en el prohibicionismo y la persecución de los cultivos. “Eso se denomina la reducción de la oferta (…) y para esa estrategia han utilizado las fuerzas de Policía, de Ejército y también la Ley penal”, afirmó Pedro Arenas, cofundador de la corporación Visomutop. Cuatro décadas de una fallida o ‘pretendida guerra contra el narcotráfico’, pero que se ha convertido en una “guerra contra el campesinado, ha sido una guerra que ha ocasionado desplazamiento forzado, por ejemplo, con las aspersiones aéreas, con la erradicación terrestre, con el encarcelamiento y la persecución de las personas que están envueltas en esa cadena”, explicó.

Al respecto, Edilberto Daza, representante de la Fundación por la defensa de DDHH y DIH en el Oriente y Centro de Colombia – DHOC, señaló: “Si hay operativos por temas de erradicación el que sufre es el campesino, si vienen operativos por el tema de Artemisa el que sufre es el campesino. O sea, realmente es el campesino el que siempre viene sufriendo las consecuencias de los conflictos que suceden en los territorios”.

En el Meta, además de las comunidades enfrentarse a los operativos de diversa índole, también han tenido que aguantar la estigmatización por parte de los mismos mandatarios. El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga de manera despreocupada en sus redes sociales o ante medios de comunicación, en múltiples ocasiones ha relacionado al campesinado con las disidencias, por ejemplo, la afirmación que más rechazo causó fue la de una entrevista brindada a NTN24 en 2020: “Estuve en La Macarena con el general Zapateiro, donde les dijimos a estos grupos ilegales, representados en unos campesinos que ellos presionan para que salgan a pedir que se retire el Ejército, que no se va a retirar el Ejército, que no aceptamos el discurso de que los campesinos necesitan sembrar coca para vivir”.

En su momento, las y los campesinos le dijeron a El Cuarto Mosquetero que, “si el Gobernador se asomara a esta zona miraría que aquí no tenemos ningunos lujos, las personas llegan aquí a sobrevivir”. Contrario a lo que afirmó Zuluaga, Jefferson Parrado, -actual presidente de la Junta de Acción Comunal de Nueva Colombia- afirmó que es el abandono estatal el que termina llevándolos a dedicarse al cultivo de hoja de coca, “nosotros estamos siendo obligados, no porque la guerrilla nos obligue sino el mismo Estado nos ha llevado hasta este punto. Venga Gobernador a estas tierras, nos está reprimiendo y enviando el poder militar, pero lo que necesitamos es inversión social, estamos dispuestos a un diálogo y a un cambio de economía (…) pero deje de tildarnos de guerrilleros, yo participé en una reunión y luego él en una entrevista nos tildó de guerrilleros”.

Ante esto, Arenas expuso que la persecución al eslabón más débil de la cadena de drogas que son los cultivadores, no ha eliminado los cultivos de uso ilícito y equiparar al campesinado de traficantes sigue siendo un error reiterativo que profundiza la desigualdad, “los narcotraficantes son los que trafican con el producto, con el narcótico. Los campesinos no son narcotraficantes y tienen en ese cultivo una herramienta económica de supervivencia, de sus procesos de ocupación de territorios donde no está presente el Estado”.

Pese a las denuncias del campesinado y organizaciones sociales, Zuluaga reafirmó su postura luego de que una mina se activara afectando a un campesino de Vista Hermosa en 2020: “Hemos denunciado que en el sur del Meta quienes están sembrando hoja de coca, también están sembrando minas antipersonal. El Ejército ha destruido más de 2.800 minas, pero hoy un campesino cayó en una de ellas y perdió sus dos piernas”.

Los señalamientos y asociaciones del movimiento social con grupos insurgentes por parte de la institucionalidad, podría convertirlo en objetivo militar de grupos paramilitares que operan en el departamento. Incluso, defensores y defensoras de derechos humanos, han expresado que el Gobernador ignora las consecuencias de lo que la estigmatización significa en materia de derechos humanos y las vidas que este factor de persistencia del conflicto armado ha cobrado, en las largas décadas de confrontación en el territorio del Meta, como lo evidenció la Comisión de la Verdad en su Informe Final.

De hecho, el Espacio Autónomo de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, el 17 de marzo del 2023 a partir de la difícil situación en materia de derechos humanos que vive el Meta, expuso que ve “con preocupación que el Gobierno Departamental antes que promover espacios de diálogo y de activar los mecanismos para proteger los derechos humanos de los metenses, hizo una serie de declaraciones públicas, por medio de las cuales estigmatizó tanto a las Organizaciones Campesinas, Defensoras de DDHH, así como a los firmantes de la Paz” e hizo un llamado a Presidencia y vicepresidencia de la República a que se camine hacia la consecución de una paz basada en el respeto por los derechos humanos.

El glifosato, otra estrategia fallida

El Proyecto de Ley 287 de 2023, radicado el 15 de marzo de este año ante el Senado de la República, tiene como objetivo la prohibición del uso del glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos. Esta ley, afirma la corporación, se creó para dar una “lucha real contra la desarticulación de mafias organizadas y detener las afectaciones en la salud de los campesinos”.

El glifosato es un herbicida de venta libre y de amplio espectro, usado para eliminar plantas indeseadas en la agricultura y sistemas forestales. Su utilización -con algunas aplicaciones aprobadas- es frecuente en varios cultivos como café, banano y azúcar. Pero existen datos contundentes que cuestionan su efectividad respecto al control de cultivos ilícitos.

Sin embargo, para el expresidente Uribe, el uso de la fumigación del glifosato como herramienta para acabar con los cultivos de coca funcionó bien durante su Gobierno e incluso apoyaría el uso de ese químico, así lo mencionó en 2021 en una convención del Centro Democrático, durante el mandato de Duque. Ante estas declaraciones, más de 100 académicos de la región instaron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a la vicepresidenta Kamala Harris, a no apoyar “la campaña equivocada del presidente colombiano Iván Duque para reiniciar la fumigación aérea para atacar los cultivos ilícitos de coca”.

El periodo que precedió al gobierno de Duque, había suspendido la aspersión aérea con glifosato en 2015, cuando iniciaron los diálogos en La Habana para lograr el Acuerdo de Paz, pero especialmente por un fallo de la Corte Constitucional.

Según World Wildlife Fund – WWF, diversos estudios demuestran que hay mayor probabilidad de resiembra en las áreas fumigadas o que los cultivos sean llevados a otros sitios. En comparación con la sustitución voluntaria, la sostenibilidad de la aspersión área es baja: la tasa de resiembra con este último método se aproxima al 35%, mientras que, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito – UNODC, la tasa de resiembra tras la erradicación manual y voluntaria enmarcada en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito fue del 0,6%.

Otra razón por la cual la aspersión con glifosato resulta inviable, es que se requiere fumigar áreas grandes. De acuerdo con la investigación de Daniel Mejía y Adriana Camacho, “Consecuencias de la aspersión aérea en la salud: evidencia desde el caso colombiano”, publicada en 2015, para erradicar una sola hectárea de coca, es necesario fumigar hasta 30 hectáreas. Esta afirmación se refuerza con la de la senadora Esmeralda Hernández, ponente de la ya citada Ley 287 del 2023: “que en 1997 en Colombia hubo 160 mil hectáreas de coca, y que para 2021 esta cifra ascendió a las 204 mil”.

Además, esta estrategia es mucho más costosa. De acuerdo con un derecho de petición presentado por Dejusticia y respondido por la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Presidencia, el costo promedio de erradicación por medio de aspersiones aéreas entre el 2003 y 2014 fue de 72 millones de pesos por hectárea, es decir, 32 millones más que hacerlo a través de la sustitución voluntaria.

Para las y los campesinos del Guayabero el dinero invertido en fumigación o erradicación, debería hacerse en inversión social. “El derecho no es una erradicación con la bota militar o glifosato, sino que la erradicación debería ser con proyectos productivos para los campesinos, que haiga unas garantías de vida para así mismo erradicar el cultivo de la coca. Por ahora solo están incrementando el hambre, desolación y violencia, porque ningún campesino va a quedar tranquilo con que le acabaron el pan de cada día a las malas”, expuso en el 2021 a este medio, Pablo Vargas, líder comunitario de Vista Hermosa, Meta.

Además, para que la sustitución sea exitosa, es necesario que se haga una transición lenta, de manera que el campesinado no se quede sin un medio de subsistencia al erradicar completamente sus cultivos de coca para iniciar con proyectos productivos. “¿Cómo se plantean proyectos antes de que la gente acabe con la mata?, que ya cuando se decidan a acabar con la mata tengan con qué subsistir y eso es lo que no hay en los territorios”, mencionó Daza, argumentando que, por eso, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de USO Ilícito-PNIS no funcionó.

Además, las aspersiones aéreas con glifosato no solo son costosas e inefectivas sino peligrosas, teniendo en cuenta que, el herbicida en grandes cantidades resulta nocivo para la salud. Una investigación realizada por la Organización Mundial de la Salud en 2015 reveló que el glifosato puede causar cuatro tipos de cáncer: hepático, de páncreas, de riñón y linfático. Otros estudios indican que también pueden ocasionar problemas dermatológicos y abortos. En julio de 2019, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, recomendó la prohibición global de esta sustancia, en atención al principio de precaución.

Teniendo en cuenta que para el control de cultivos ilícitos se usan 10,4 litros por hectárea, cuatro veces más que el recomendado del producto para la agricultura comercial, según WWF, el nivel de peligro para las personas al esparcir el herbicida sin discriminar entre cultivos lícitos e ilícitos, es considerablemente alto.

Sumado a ello, el glifosato suele mezclarse con otras sustancias porque su efectividad puede verse comprometida al no penetrar lo suficiente en las plantas para funcionar como herbicida. Por esta razón se añaden otros químicos surfactantes o coadyuvantes para facilitar su penetración en las membranas celulares de las plantas.

WWF, también afirma que en el caso del herbicida Roundup, los coadyuvantes usados en la mezcla son el POEA (sustancia tóxica que está asociada a afecciones en el sistema nervioso central, problemas respiratorios y gastrointestinales, cáncer en animales, entre otros), Cosmo-flux 411F (sustancia moderadamente tóxica) y el N-Nitroso Glyphosate – NNG (cuyos componentes son cancerígenos).

Para el 2019, la empresa Bayer tenía interpuestas 5.000 demandas en Estados Unidos, porque al parecer, las personas expuestas al químico empezaron a padecer de cáncer; los países de la Unión Europea tienen vía libre para prohibir su uso, como por ejemplo Francia, que adelanta todo el proceso para prohibirlo en su totalidad; en Argentina 12 de sus ciudades prohíben su uso y comercialización, pero en Colombia, durante décadas ha sido una de las principales banderas de erradicación, aun sabiendo que no soluciona de fondo la no continuación de los cultivos de coca, ya que al ser la principal fuente de sustento del campesinado, ellos se ven en la necesidad de volver a cultivar, por lo que se internan un poco más en selvas vírgenes, talan y vuelven a sembrar.

“Lo único que hacen al fumigar es que la gente vuelva a talar porque el gobierno en sí no nos presta ayuda a nosotros y después de que vienen y acaban con la coca pues toca cultivar en terrenos nuevos. Deberían prestarnos ayuda y darnos otra posibilidad en esta región”, explicó a este medio Narcés Cardozo, un campesino del Guayabero quien recuerda que cuando en el gobierno de Uribe fueron fumigados, cayó glifosato en la montaña, comidas, ríos y caños, generando hambrunas y enfermedades.

Y es que, la sustancia también tiene repercusiones socioambientales. La fumigación aérea con glifosato, no solo elimina los cultivos de coca sino los de pancoger, además contamina las fuentes hídricas y afecta la biodiversidad, provocando desplazamientos y aumento de brechas sociales; la vocación agrícola de las poblaciones que habitan los territorios se ve afectada, al igual que sus medios de subsistencia.

PNIS, la implementación fallida de una solución que parecía efectiva

El campesinado cocalero vio una esperanza de cambio cuando, dentro del Acuerdo de Paz firmado con las Farc en 2016, se incluyó el PNIS, el cual tiene como objetivo “promover la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, a través del desarrollo de programas y proyectos para contribuir a la superación de condiciones de pobreza y marginalidad de las familias campesinas quienes derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito”, según el Decreto Ley 896 de 2017.

El Programa, hace parte de la Reforma Rural Integral estipulada dentro del punto 1 del Acuerdo de Paz y se planeaba como una plataforma para la transformación de los territorios afectados por los cultivos ilícitos, bajo una lógica de integración e inclusión social. El programa buscaba dar beneficios a las familias a cambio de la erradicación voluntaria; sin embargo, su implementación ha dejado mucho que desear.

Como lo expone el último informe de la UNODC, es claro que, desde el momento uno se tenía presente que el 91% de todos los hogares pertenecientes al programa PNIS tenían algún nivel de inseguridad alimentaria, pero especialmente, el 12,6% presentaba graves problemas para suplir las tres comidas del día. Por ello, que el primer componente de este programa, fallara y/o se retrasara, marcaría el derrotero de la confianza minada desde el campesinado hacia la institucionalidad.   La “Asistencia Alimentaria Inmediata”, consistía en que, cuando cada familia erradicara su cultivo de coca, se le pagaba dos millones de pesos y posteriormente, cada mes recibiría un millón –o bimensual obtendrían dos millones- hasta completar 12 millones, tiempo suficiente para ejecutar las demás fases del programa y, por ende, el hogar realmente tendría seguridad alimentaria, el problema es que algunos de esos pagos no se hicieron o llegaron a destiempo.

Durante la espera, sin ingreso económico y con el retraso en los pagos, surgió la hambruna en algunos territorios y con ella los desplazamientos, así lo evidencia la investigación “La sustitución que no llega, jaque al campesinado en el Meta”, publicada por este medio en el 2021 y “Entre el hambre y la coca: el fracaso del plan de sustitución en el Guaviare”, realizada por El Cuarto Mosquetero – ECM y El Espectador+20, en agosto del 2022, señalando que habitantes de veredas pertenecientes a municipios adscritos al PNIS, llevan meses sin “oler” la carne, donde su alimentación en ocasiones solo contiene papa, yuca y plátano, productos que pueden cultivar en sus fincas, acompañados con un huevo frito.

El estipendio de los $12 millones se proyectaba para algunos como una posibilidad para invertir en el mejoramiento de su calidad de vida, pero, según pudo evidenciar este medio, la realidad, es que a medida que les empezaron a entregar el recurso con retrasos, su destinación terminaba yéndose en pagar los préstamos adquiridos durante la ‘sequía’.

Para muchas familias, la esperanza de cambio se transformó en rabia “todos creímos que la vida nos iba a cambiar y por eso hicimos el contrato para cortar la coca, pero nos dieron en la cabeza (…) le da uno hasta rabia acordarse de eso”, explicó Luis Fernando Vaca, beneficiario del Programa. La única vereda del Guayabero del área del Meta que se acogió al PNIS fue la Tigra, este territorio a los pocos meses de la implementación del programa quedó deshabitado, ya que, cuando el hambre empezó a ser una constante, se fueron desplazando a otros sectores.

Y es que, no solo se incumplió el primer punto de lo que garantizaría la asistencia alimentaria, sino que también el programa contemplaba $1.800.000 representado en insumos para la creación de la huerta casera, pero en gran parte del Meta y el Guaviare este llegó con sobrecostos y, por ejemplo, en el caso de los animales, muchos fueron entregados en malas condiciones y murieron. “del pueblo a las fincas hubo gente a las que se le murió de a diez a quince pollos, ósea eso fue un fracaso. A la gente que le tenían que dar purina para pollos le daban de cerdo y a los de cerdo los de pollos”, detalló Vaca, quien, como pudo, le sacó provecho a los animales entregados, ya que, pese a sufrir algunas pérdidas, se hizo el plante para aportar en la creación de una asociación con la que hoy están gestionando algunos proyectos.

Finalizando el 2022, más de cinco años después de lo esperado, algunas familias del Meta apenas empezaron a acceder al proyecto productivo a ciclo corto -avaluado aproximadamente en nueve millones- y se desconoce qué tan pronto llegará el de a ciclo largo -avaluado por 10 millones- los cuales permitirían que realmente hubiese sustitución al proporcionar un ingreso económico a las familias que voluntariamente erradicaron sus cultivos creyendo en este proceso. Ante esto, desde el 2022, un gran número de líderes del PNIS le han pedido a Gustavo Petro que restructure este programa, pues si por ahora no ha funcionado como se esperaba, las últimas dos fases que son lo más importante para garantizar el éxito de la sustitución, no deberían traer consigo sobrecostos, fallas, ni desplantes para el campesinado.

Nuevo gobierno, ¿Nueva esperanza?

En 2020, el expresidente Juan Manuel Santos, señaló: “El meollo del problema es la prohibición. Si nosotros eliminamos la prohibición y regulamos el mercado, eliminamos las mafias, eliminamos buen parte de los efectos colaterales negativos de esta guerra que fracasó”, incluso admitió que, durante los gobiernos de la Seguridad Democrática, en los cuales fue ministro de Defensa, la política contra las drogas no se manejó adecuadamente.

La transición del gobierno de Santos al de Iván Duque, representó un retroceso en la implementación del PNIS, pues este último privilegió la erradicación forzosa sobre la sustitución voluntaria, apostando por la prohibición y el retorno de la aspersión aérea.

En 2018, iniciando su gobierno, Duque presentó junto a los ministros de Justicia y de Defensa, el fiscal general, el comandante de la Policía Nacional y demás funcionarios, su política contra las drogas: Ruta Futuro. El entonces mandatario afirmó que esta sería una estrategia que por primera vez abordaba la problemática de manera integral y sería el primer paso para la solución al narcotráfico en todos sus eslabones. El plan se basaba en cinco pilares que pretendían atacar el consumo, la disponibilidad y producción, las estructuras criminales y el lavado de activos.

Pero al término de su mandato, la organización Elementa DD.HH., que trabaja en política de drogas en México y Colombia, publicó una investigación que revela el avance que tuvo el país con respecto a este tema en el periodo 2018-2022.

El informe, basado en información solicitada a las propias entidades estatales, evidenció cómo la mayoría de los esfuerzos gubernamentales se enfocaron en reducir la cantidad de hectáreas sembradas de coca, mediante operativos de la Fuerza Pública. En el periodo presidencial de Duque se erradicaron más de 300 mil hectáreas de coca de manera forzosa, pero al final de su mandato quedaron 234 mil hectáreas de cultivos ilícitos, según el informe de la Casa Blanca, frente a las 208 mil hectáreas que había en 2018, cuando llegó al poder.

Además, en diversas ocasiones, los operativos de erradicación forzosa terminaron en violaciones a los derechos humanos.

Para el segundo pilar de la Ruta del Futuro, que es parte del PNIS, ya se explicó en el apartado anterior lo sucedido con su implementación y el fracaso que representó.

Por otro lado, el gobierno del presidente Gustavo Petro, representa un cambio en el enfoque que se ha empleado en anteriores mandatos. “Les diré a los funcionarios que ideemos el programa para que un campesino pueda cultivar aún hoja de coca mientras va plantando el cultivo sustituto, hasta probar que el cultivo sustituto funciona. Y si funciona, ya no hay necesidad de lo otro”, expresó el mandatario en la primera asamblea de cultivadores de coca que se hizo en El Tarra, Norte de Santander en diciembre del 2022.

En el punto 5 del Plan de Gobierno de Petro, “Dejaremos atrás la guerra y entraremos por fin en una era de paz”, define que se hará una articulación entre los instrumentos más efectivos del PNIS y del ISDA (Planes Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo) “a la nueva política de economía productiva en la que Colombia transite de la economía fósil e ilegal de la cocaína a una economía basada en el trabajo y la producción de alimentos en la que el pequeño productor rural no será judicializado, fumigado o desplazado sino al contrario en el marco de sustitución de tierras y económica encuentre un lugar digno y las condiciones de capital, asociatividad y conocimiento para contribuir a la regulación de las drogas”.

El director de antinarcóticos de la Policía Nacional, coronel Edgar Cárdenas Vesga, confirmó en enero de este año que la meta de erradicación de cultivos ilícitos para 2023 es de 20.000 hectáreas, mientras que para 2022 fue de 50.000 hectáreas.

Incluso, el Plan de Gobierno habla de eliminar la dependencia macroeconómica del Estado de las utilidades que deja la cocaína e impulsar la regulación investigando los beneficios que pueden tener los productos derivados de la hoja de coca, “impulsando un importante sector productivo que involucre al Estado, el sector privado y las formas cooperativas y comunitarias para la economía nacional e internacional”.

Además, el mandatario pretende que la producción sustituta tenga una industrialización en manos del campesinado, dado que la hoja de coca no se vende en bruto, sino como pasta, luego una transformación industrial que les garantice más ingresos, por lo que el cultivo sustituto debe pasar por el mismo proceso para que garantice por lo menos los mismos niveles de ingreso.

Pero las cosas no parecen ir viento en popa. Las declaraciones de Petro sobre el nuevo enfoque que busca darle a la Política de Drogas, han tenido repercusión internacional. Estados Unidos le envió un mensaje al jefe de Estado colombiano, diciendo que es “importante hacer una transición de manera gradual y no inmediata, por lo que se debe continuar con la erradicación forzada”. El pedido se hizo desde el Departamento de Estado, que señaló a Noticias Caracol: “Dado que el cultivo de coca en Colombia está cerca de alcanzar máximos históricos es fundamental hacer uso pleno de todas las herramientas disponibles para reducir el cultivo, la producción de cocaína y la criminalidad asociada”.

El 25 de agosto del 2022, Petro informó que se mantendrían los operativos de erradicación forzada, enfocados en los cultivos industriales, y por ahora esta tarea ha estado a cargo de la Policía Antinarcóticos. Sobre esta situación, Pedro Arenas comentó que “Lamentablemente, por presiones de Estados Unidos y también porque han pasado ya ocho meses y todavía no está claro cuál es el derrotero del gobierno Petro frente a este tema. Las erradicaciones forzadas se mantienen”, así la historia haya demostrado que no son efectivas.

Durante el Gobierno de Petro el campesinado se ha manifestado a través de cercos humanitarios que consisten en que bloquean de manera pacífica el paso de militares que se encuentran en su territorio, para solicitar la presencia o el diálogo con el Gobierno Nacional. Los primeros dos se adelantaron en noviembre y diciembre del 2022 en el Meta, para exigir que se frenaran los operativos de erradicación forzada pues no hacían parte las banderas de este gobierno, y al parecer la presencia de los militares tendría relación con los cultivos de hoja de coca. Estos cercos terminaron en el inicio de una mesa de interlocución entre la delegación del campesinado y el Gobierno Nacional en la ciudad de Bogotá.

No obstante, el 18 de enero del 2023 campesinos y campesinas de Vista Hermosa, Meta adelantaron un cerco humanitario a militares que estaban patrullando en la vereda Lomalinda que duró aproximadamente cuatro días y que a nivel nacional le dieron tratamiento de secuestro, pero que se llevaba a cabo fruto del miedo del campesinado de la zona que ya había sufrido diversos operativos y creía que iban a decomisarle su ganado. Sin embargo, acordaron retomar la mesa de diálogo que había quedado parada en diciembre del año anterior, para evaluar puntos fundamentales como la Resolución del ICA que prohíbe la tenencia de ganado en Parques Nacionales Naturales -en donde está ubicada gran parte de la región del Guayabero-, los casos judiciales de las personas que fueron capturadas en el marco de la Operación Artemisa y apoyo en los procesos organizativos del Meta, Guaviare y Caquetá. Las mesas de diálogo por ahora se mantienen activas.

Mientras tanto, los y las campesinas siguen esperando que los diálogos lleguen a soluciones concretas mientras el hambre azota las zonas que depende la hoja de coca, pues cuando hay recesión económica, abunda el dinero blanco, pero escasean los productos de primera necesidad.